En el contexto de EB-5, un mandamiento judicial es una demanda federal que obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) o a la Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes (IPO, por sus siglas en inglés) a tomar medidas sobre un caso que se ha retrasado injustificadamente. La presentación de un mandamiento judicial obliga a la adjudicación de un caso cuando el peticionario ha experimentado una demora irrazonable en la adjudicación.
Los inversionistas EB-5 que están experimentando retrasos significativos en la adjudicación pueden verse tentados a obligar a USCIS a actuar, pero hacerlo no siempre es lo mejor para ellos. En primer lugar, la adjudicación no equivale a la aprobación. Si la petición contiene un error que haría imposible la aprobación sin aclaración o corrección, la petición será denegada. Por el contrario, si la adjudicación se lleva a cabo a través del proceso habitual, el adjudicador puede emitir una solicitud de evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) en lugar de simplemente denegar la petición.
No tendría sentido que los inversionistas EB-5 de países atrasados presentaran una orden de mandamiento judicial, ya que incurrirían en honorarios legales sin un beneficio claro ya que no habría visas disponibles. Del mismo modo, no sería beneficioso presentar un escrito para obligar a la adjudicación de una petición I-526E cuando los hijos del peticionario corren el riesgo de salir del programa por mayoría de edad. Las edades de los hijos están congeladas mientras la petición permanece pendiente, y la adjudicación obligatoria solo para enfrentar retrasos después de la aprobación aumentará el riesgo de caducidad.
La definición de «retrasos excesivos» se basa en los tiempos de procesamiento publicados por USCIS. No existen pautas claras sobre lo que constituye un período de espera razonable. Esto podría significar que un mandamiento judicial fracasaría ante un juez, pero pasaría antes que otro. El litigio puede ser la única forma de establecer una norma clara con respecto a lo que se considera una demora razonable.
El mandamiento judicial es una opción, particularmente en casos que han estado pendientes más allá del tiempo normal de adjudicación sin ninguna razón clara de USCIS. Sin embargo, cualquier persona que esté considerando una orden de mandamiento judicial debe consultar a un abogado de inmigración con experiencia en la presentación de tales acciones.
